El compliance anti blanqueo en España evoluciona y se hace más exigente. Desde el original deber de colaboración reforzado sobre delitos graves hacia una obligación expansiva de inteligencia financiera sobre personas y transacciones.
2014 es el año del ajuste del sistema español de control del blanqueo de capitales. Un nuevo Reglamento y un nuevo deber de control reforzado sobre las personas de medio político ocupan las preocupaciones de los departamentos de cumplimiento.
La Ley 10/2010 fue reformada en diciembre de 2013 para introducir el estándar internacional del GAFI que pide una diligencia reforzada sobre los clientes que sean Personas Expuestas Políticamente o PEPs. Este estándar, junto con el reforzado sobre suficiencia y proporcionalidad de las sanciones, han dibujado un panorama internacional en el que las sanciones multimillonarias llegan a afectar a la cuenta de resultados de las entidades financieras y a su cotización bursátil y reputación en línera con las crecientes demandas de responsabilidad social para el sector financiero.
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En España, el permanente flujo de noticias sobre corrupción ligados a la política plantea cuál debe ser la alícuota de responsabilidad para evitarla que le corresponde a los sujetos obligados del sistema de prevención del lavado de activos. Lo anterior suscita la preocupación sobre el grado de exigibilidad y parámetros que deben tener en cuenta los bancos, cajas, aseguradoras, notarios, abogados y otros sectores financieros y profesionales para cumplir sus obligaciones.
Estos temas y otros conexos serán objeto de análisis y debate el 25 de junio en Madrid, en el Hotel Holiday Inn Bernabeu, en el Foro CCN España “Gestión de riesgos en la prevención del blanqueo de capitales”. El Programa del evento y la información se encuentra en este enlace al Foro.